Un negocio privado en La Habana publicó en sus redes sociales, hace aproximadamente un mes, sobre el inicio de una nueva modalidad para quienes realizaran el pago de los servicios por las vías electrónicas: el recargo de un 10 % al monto final.
Ello, evidentemente, incumple lo dispuesto en el marco jurídico del país con las resoluciones 93 y 111 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) y el Banco Central de Cuba (BCC), respectivamente. Constituye una violación al derecho del consumidor y una práctica que persiste, a pesar de lo establecido.
En acciones de control realizadas por el Mincin entre el 2 y el 6 de septiembre, para verificar el cumplimiento de la Resolución 93, fueron visitados 1 767 establecimientos; de ellos, 695 estatales y 1 072 no estatales.
En declaraciones a Granma, Inalvis Smith Lubén, viceministra del Mincin, precisó que el 71 % de las acciones se concentran en los trabajadores por cuenta propia (52 %) y los establecimientos del sistema de Comercio de subordinación local (19 %).
De forma general –dijo– se cuantificaron 506 infracciones, con 459 medidas aplicadas; de ellas, 58 cierres de establecimientos, 17 retiros de la Autorización Comercial, y 384 multas por un importe total de 1 044 515 pesos.
Explicó que las infracciones no se comportaron por igual en todo el país: por ejemplo, no se determinaron en Santiago de Cuba, se ejecutaron insuficientes acciones de control en Villa Clara y la Isla de Juventud, y se evidenció una baja aplicación de medidas en Pinar del Río y Camagüey.
También se realizaron 602 acciones de intervención en áreas de comercialización relevantes y en los mercados agropecuarios, estos últimos con el llamado de las máximas autoridades a potenciar los pagos digitales en estos establecimientos.
Con cierre agosto de 2024, las últimas acciones se centraron en solo 72 municipios del país, de ellos, los 15 de La Habana; sin embargo, no se ejecutaron ni en Santiago de Cuba ni en Cienfuegos.
No obstante, el accionar representa un perfeccionamiento en el método de trabajo del organismo en todos los niveles, centrado en identificar las áreas de mayor concentración de actores económicos y en los mercados agropecuarios, para buscar soluciones y cerrar el área como bancarizada, afirmó la Viceministra.
Hasta el momento se determinaron 342 propuestas de zonas bancarizadas, espacios que, según el BCC, son aquellos que reúnen los requisitos establecidos a partir de que cuenten con las condiciones tecnológicas para que todos los pagos se hagan de forma digital.
El próximo 2 de noviembre se cumple un año de la publicación, en la Gaceta Oficial, de la Resolución 93 del Mincin, que implanta como requisito para los establecimientos comerciales objeto de inscripción en el Registro Central Comercial, de manera temporal o permanente, poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor.
Smith Lubén recalcó que son sujetos de esta obligación las empresas estatales y las unidades presupuestadas, todas las modalidades de inversión extranjera, las cooperativas no agropecuarias y las agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), los trabajadores por cuenta propia, los productores agropecuarios independientes, los proyectos de desarrollo local y las formas asociativas no lucrativas que hacen comercio.
(Tomado de Granma)
