Como un desafío prioritario para garantizar la atención médica y el bienestar de los ciudadanos calificaron los diputados de la Comisión de Salud y Deporte del Parlamento cubano el hecho de que las farmacias funcionen acorde con las necesidades de la población.
“El propósito fundamental de una farmacia es dispensar medicamentos y, si no hay, es muy complejo cumplir con ese rol. Hemos enfrentado, y aún tenemos, una situación de desabastecimiento importante en la red, si bien cada día se hacen grandes esfuerzos desde el Estado, el Gobierno, el ministerio y la propia industria para lograr que los medicamentos con que se cuenta lleguen a las comunidades”, dijo el doctor José Angel Portal Miranda, ministro de Salud Pública.
Uno de los principales problemas que influye en esas carencias es el déficit de financiamiento que tiene el país, lo que impide acceder a los recursos que se necesitan, agravado además por el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno norteamericano a Cuba, el encarecimiento de las materias primas y el coste de los fletes, señaló el ministro.
Ello no solo provoca problemas en la calidad de la atención médica, sino en la satisfacción de la población, sostuvo Portal Miranda, para quien la la complejidad de esta problemática abarca la producción, importación y dispensación de fármacos tanto en farmacias comunitarias como en instituciones.
“Decir que esta situación se va a resolver en los próximos días sería irresponsable. Las soluciones pasan por un esfuerzo, sobre todo, desde el punto de vista financiero, pero también de organización interna y funcionamiento de toda la cadena desde la producción hasta el expendio en las farmacias. Hay mucha gente que está cada día, desde la industria y en las farmacias, esforzándose para buscar mejores alternativas", apuntó el ministro.
Los principales estados de opinión de la población, en relación con el funcionamiento de las farmacias, se centran en la falta de medicamentos −si bien hay consciencia de las limitaciones financieras que vive el país−, la organización de la venta según pedidos y la presencia en las comunidades de fenómenos como la venta ilícita de fármacos, señaló la diputada Cristina Luna Morales, presidenta de esta comisión, al intervenir en el primer día de trabajo.
En análisis previo al tercer periodo ordinario de sesiones del Parlamento en su décima legislatura, Luna Morales presentó en la comisión los resultados de la comprobación sobre el funcionamiento de las farmacias comunitarias y hospitalarias, como parte del control a la política de medicamentos.
Esta −dijo− es una problemática recurrente en el país, marcada por las dificultades para la importación de productos terminados, materias primas e insumos, lo cual influye en los servicios prestados por el Sistema Nacional de Salud.
Debate en la Comisión de Salud y Deporte del Parlamento cubano.
Según datos presentados, Cuba cuenta con más de 3 000 unidades en los servicios farmacéuticos, en las que se incluyen 2 202 farmacias comunitarias y más de 600 en instituciones. Existen 17 empresas de farmacias y ópticas, subordinadas a los Gobiernos provinciales, las que a su vez dirigen las farmacias comunitarias, 77 centros de producción local y otras unidades.
El actual cuadro básico de medicamentos está conformado por 651 productos. La industria genera un 62% del total, con 401 renglones, mientras que 250 son importados por el Ministerio de Salud Pública. De este cuadro, 292 medicamentos son de venta en la red de farmacias.
De acuerdo con María Cristina Lara Bastanzuri, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Minsap, el desabastecimiento afecta de manera particular los productos de tarjeta control y medicamentos de uso común, pues el 80% de los fármacos que se dispensan en las farmacias son producidos por la industria nacional.
“Hemos estado trabajando con un 30% del cuadro básico abastecido, haciendo ingentes esfuerzos para mover los medicamentos que están en los hospitales, policlínicos, para que estén disponibles, por ejemplo, cuando un niño los necesita. Sabemos que no es suficiente”, explicó Lara.
La funcionaria reconoció que hay problemas con la distribución que afectan la disponibilidad, ya que a veces los medicamentos están en Cuba y “no logramos ponerlos a disposición de forma oportuna, no solo por el combustible y la transportación, sino también porque el personal de otras instituciones que nos prestan servicios se ve afectado. Esto hace que en ocasiones no se cumplan los ciclos de distribución pactados”, dijo.
“El número de pacientes con tarjeta de control de la población sigue subiendo; muchas veces, debido a que los médicos, en su desesperación por que el paciente tenga al menos un medicamento, prescriben lo que está disponible, en lugar de lo que realmente necesita”, señaló Lara.
Dentro de las principales dificultades identificadas y recogidas en el informe presentado a los diputados están las incompletas plantillas en farmacias y su fluctuación, con los bajos salarios como la causa fundamental. Además, se evidencia la disminución del personal especializado (técnicos y licenciados), debido a la migración interna y externa.
Otro problema es el incremento de las faltas y bajas coberturas de los medicamentos que integran los cuadros básicos (medicamentos y productos naturales), de manera particular muy afectados los medicamentos controlados por tarjeta y otros de uso popular. Persisten también las dificultades en la prescripción médica, específicamente con errores en el llenado del modelo.
Asimismo, se identifican irregularidades en el cumplimiento de la distribución de medicamentos por parte de las droguerías. En algunas provincias, se identificó falta de organización en el despacho de los medicamentos el día de llegada de los pedidos. Además, hay problemas constructivos en algunas instituciones visitadas (farmacias comunitarias y hospitalarias), cuya causa esencial es la falta de financiamiento y de recursos materiales.
Por otro lado, no en todas las farmacias comunitarias se brinda el servicio de mensajería para la población más vulnerable. Es una insatisfacción de los trabajadores de farmacia el déficit de batas sanitarias, modelos y lapiceros, así como la rotura y falta de teléfonos en algunos casos, lo cual limita el porte personal y la calidad del servicio que se brinda.
A pesar de que en todas las instituciones está el código QR, su uso es insuficiente. A nivel del país se incumple el plan de producción de productos naturales tanto en volumen como en surtido, lo que no permite dar respuesta al cuadro básico de productos naturales, debido a la falta de masa vegetal, azúcar refino, alcohol natural y materias primas farmacéuticas.
En la implementación de los nuevos precios de los productos naturales se identifica que es bajo el efecto en los resultados financieros de las empresas, disminuyen los productos vendidos debido al incremento de precios de las materias primas para su producción. Además, las empresas farmacéuticas no cuentan con transporte administrativo y de carga, lo que limita su gestión.
Finalmente, existen cuentas pendientes por pagar por la adquisición de medicamentos tanto de las empresas farmacéuticas como de instituciones de salud.
A pesar de las dificultades reflejadas en el informe, los diputados enfatizaron que se constató que el Ministerio de Salud Pública tiene establecido un sistema de trabajo para dar seguimiento de forma sistemática al cumplimiento de esta política, si bien aún no se obtienen los mismos resultados por provincias y municipios.
A juicio de Caridad Margarita, diputada por el municipio Plaza de la Revolución, los delegados del grupo de trabajo comunitario pueden contribuir en las localidades a minimizar las insatisfacciones de los ciudadanos organizando las colas, extendiendo los horarios de despacho y manteniendo un diálogo constante con la población.
Julio Verdecia, diputado por Urbano Noris, Holguín, señaló que el déficit de medicamentos tiene un efecto directo en los resultados y las expectativas de vida de la población; de ahí la importancia de sostener la producción agrícola según la demanda empresarial, incrementando a su vez la variabilidad de los cultivos para aportar al Programa Nacional de Medicina Natural y Tradicional.
La diputada Miriam Sotomayor, del municipio Sibanicú, destacó la necesidad de mantener una comunicación transparente entre las farmacias y la comunidad sobre la entrega de medicamentos. Informó que en su provincia se ha logrado extender el horario de atención los días que llegan los medicamentos.
El diputado Luis Alberto Ramírez, por el municipio Manuel Tames, habló sobre las potencialidades de la empresa farmacéutica para insertarse en la economía circular, los encadenamientos productivos y la recuperación de materias primas.
El ministro de Salud Publica sostuvo que “las farmacias son instituciones imprescindibles en el sistema de salud y tienen una doble subordinación: a los Gobiernos locales y, metodológica, al sistema de salud. Buscar desde todas esas áreas alternativas y soluciones a estos problemas es una necesidad, porque no se trata solo del sector de la salud. Desde lo local mucho se puede hacer en favor de mejorar las condiciones de trabajo y de infraestructura de estas instituciones”.
“No tenemos quizá todos los recursos para mejorar la infraestructura de todas las instalaciones, pero sí tenemos capacidad para formar técnicos y licenciados en los territorios e incidir sobre el comportamiento de las plantillas con personal capacitado. Problemas como plantillas incompletas condicionan otras realidades e indisciplinas como la venta ilegal que afecta a la población, hechos inadmisibles, que dañan también al sector”, dijo Portal Miranda.
“Seguimos trabajando en el mejoramiento de los centros de producción local. El año pasado fue el de mayor producción de productos naturales y seguimos apostando a incrementar los volúmenes productivos para acercarnos cada vez más a la demanda de nuestro pueblo”, agregó el ministro.
“Nada sustituye el rol local de las farmacias y hay que hacer a la comunidad partícipe en el control de los medicamentos y las condiciones de los trabajadores. Hoy, en medio de las circunstancias que vive el país, buscamos cómo respaldar a las familias, pues nada alivia la falta de un medicamento ante una enfermedad. Este es un tema presente cada día en la agenda de Gobierno, en busca de las soluciones más prontas para revertir la actual situación”, concluyó.
Atender envejecimiento demográfico demanda dignificar cada vez más las instituciones sociales
Al cierre de 2023, se registró que 2.6 millones de cubanos superaron los 60 años, el 22.6% de la población del país. Para 2030, se estima que la proporción alcance un 30%.
Esta dinámica demográfica, caracterizada también por la baja natalidad y el incremento de la esperanza de vida, establece la necesidad de continuar implementando medidas para atender elementos que determinan el actual escenario demográfico, como es el envejecimiento de la estructura de edades de la población cubana.
Realidades en las que insiste el informe de verificación de la Comisión Permanente de Trabajo de Salud y Deporte del Parlamento cubano, que pone de relieve importantes retos en el funcionamiento de las instituciones sociales dedicadas al cuidado de las personas mayores, como casas de abuelos y hogares de ancianos.
Ello, en el contexto de ese acelerado proceso de envejecimiento demográfico en el país, demanda una atención cada vez más prioritaria del Estado.
Los resultados de la verificación de los parlamentarios en instituciones de nueve provincias reflejan avances importantes como la creación de 304 casas de abuelos (10 393 plazas) y 68 hogares de ancianos más (2 461 plazas) desde que se inició la política. Además, se cuenta con 40 casas de abuelos especializadas en la atención al deterioro cognitivo.
Sin embargo, también se identificaron importantes retos como déficit de personal, especialmente de auxiliares generales y asistentes, lo que afecta directamente la calidad del servicio. Asimismo, hay hogares de ancianos con deterioros constructivos que limitan su capacidad y dificultades con el transporte que impiden cubrir la demanda en algunas provincias.
El informe identifica otros desafíos para los hogares de ancianos como el de que en muchas instalaciones los equipos de lavado están deteriorados o rotos, lo que obliga al lavado de la ropa a mano. Además, se reporta una limitada asignación de gas licuado para cocinar, obligando al uso de leña o carbón en algunas instalaciones.
El informe también señala problemas de desabastecimiento en cuanto a calzado, vestuario y artículos de aseo personal. Asimismo, se menciona la falta de un stock adecuado de medicamentos de medicina natural y tradicional.
El documento indica, entre otros elementos, que no se logra una adecuada coordinación entre el Gobierno y las autoridades de la comunidad para brindar apoyo a estos centros. Ello se traduce en inestabilidad en el suministro de frutas, verduras y otros alimentos básicos para la alimentación de los ancianos.
Al intervenir en el debate de la comisión, Alberto Fernández Seco, jefe del Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, recordó que en 2013 se aprobaron medidas inmediatas dirigidas a las casas de abuelos y hogares de ancianos y enfatizó que “estas instituciones de cuidados deben ser una prioridad para dignificar a los adultos mayores en toda la sociedad”.
Sin embargo, persisten importantes desafíos, dijo, e informó que hay 2 646 plazas desocupadas en casas de abuelos, principalmente por problemas de accesibilidad, transporte y falta de mobiliario.
De los 158 hogares de ancianos, con una dotación de más de 12 600 camas, 2 678 camas están desactivadas por problemas constructivos, falta de espacio y daños al mobiliario, siendo La Habana la de mayor número de capacidades afectadas.
Además, hay una baja disponibilidad y variedad de alimentos, lo que impide cumplir con las calorías individuales requeridas.
El funcionario también señaló que 99 casas de abuelos y 76 hogares de ancianos están en condiciones regulares o malas, y agregó que están en estado crítico, con extremo deterioro y déficit, los dispositivos de apoyo (sillas de ruedas, sillas sanitarias, sillas de baño, andadores, muletas, bastones).
A pesar de estos retos, Fernández Seco informó que durante el primer trimestre se inauguraron tres nuevas casas de abuelos y se abrió un nuevo servicio de geriatría, lo cual permite alcanzar 54 servicios con 1 099 camas. Además, se han conformado 278 equipos multidisciplinarios de atención gerontológica en un 61.6% de las áreas de salud.
Señaló que en 272 policlínicos del país se realizan hoy escuelas para personas cuidadoras, una actividad esencial.
El ministro de Salud Pública, doctor José Angel Portal Miranda, enfatizó que los desafíos del envejecimiento demográfico no se pueden abordar únicamente con base en las instituciones sociales, pero “asegurar que las que tenemos funcionen con calidad y sensibilidad es no solo una obligación, sino un compromiso”.
Destacó que hay un grupo de prioridades como parte de la atención a la dinámica demográfica, y la mirada intersectorial a las casas de abuelos y hogares de ancianos es una de ellas.
“Hay una gran brecha entre lo que hoy tenemos y lo que todavía se puede hacer desde las comunidades, por lo que es necesario profundizar en el análisis de este tema”, dijo.
Portal Miranda señaló la necesidad de optimizar las capacidades en las instituciones sociales y mirar con detalle y sensibilidad en los territorios cuántas personas necesitan acceder a estos servicios. “Hay que hacer más, pero hay que utilizar mejor las capacidades que tenemos y que hoy no aprovechamos”, afirmó.
El ministro destacó la importancia del mejoramiento de las condiciones de infraestructura en estas instituciones, y de saber cómo se respalda este mejoramiento en el presupuesto de los territorios.
Además, subrayó la necesidad de mejorar las condiciones en cuestiones que muchas veces requieren de soluciones sencillas sin que se necesiten grandes recursos, pero que son vitales, como el entretenimiento de los adultos mayores. También, buscar alternativas para la mejor alimentación, con la participación tanto de las empresas estatales como del sector privado que conforman el entorno inmediato de esa casa de abuelos o ese hogar.
Finalmente, el ministro reconoció el trabajo de quienes se desempeñan en estas instituciones, muchos trabajadores consagrados que han dedicado una vida a la labor allí.
“No obstante, atender las reservas que aún existen al interior del sector para continuar mejorando estos espacios es prioridad. Se lo debemos a esos adultos mayores que un día aportaron a nuestra sociedad y hoy esperan que se les retribuya dignamente”, dijo.
Mirar con urgencia a la fecundidad adolescente en Cuba
Sesión de trabajo de las comisiones de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer y Salud y Deporte.
La propuesta de acciones para transformar la situación de la fecundidad adolescente en Cuba, que da seguimiento a la Política para la Atención a la Dinámica Demográfica, fue objeto de análisis este lunes en sesión de las comisiones de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer y de Salud y Deporte, que contó con la presencia del viceministro de Salud, Reynol Delfín García.
En Cuba, el 82% de la fecundidad adolescente corresponde al grupo de 15 a 19 años. Los datos de los nacimientos en las menores de 15 años confirman la tendencia al aumento en los últimos años.
La brecha de género sitúa un desbalance y asimetría entre las madres y los padres adolescentes. En 2023, los padres con menos de 15 años fueron 14; en contraste, las madres en estas mismas edades ascendieron a 417, precisó Delfín García.
Entre las causas fundamentales que inciden en el embarazo en la adolescencia están la naturalización de las uniones de hecho entre adultos y personas menores de edad, así como la falta de servicios de salud sexual y reproductiva específicamente para estos grupos de edades.
A la vez, la actualización de las normas jurídicas vinculadas a esta problemática social no han tenido la divulgación suficiente, ni la identificación como una violación de los derechos sexuales y reproductivos de las personas menores de edad.
La propuesta hecha por el viceministro de Salud está dada a partir de las responsabilidades de los Gobiernos, organismos y organizaciones en el enfrentamiento a la fecundidad adolescente como parte de la Política de Atención a la Dinámica Demográfica puesta en marcha en todo el país. El plan comprende unas 45 medidas y 38 acciones con un enfoque intersectorial.
Entre ellas, destacan brindar atención y seguimiento mensual al comportamiento de la fecundidad adolescente mediante el Grupo de Atención a la Dinámica Demográfica de la provincia o municipio, según corresponda, y los grupos de prevención social a nivel de las comunidades, donde los Gobiernos municipales y provinciales dispongan de información actualizada.
Para ello, se establecerán mecanismos de captación de información desde los observatorios demográficos, los centros educacionales, las instituciones de salud, los trabajadores sociales, las estructuras territoriales de la FGR, TSP y PNR, la FMC, los CDR y las organizaciones juveniles.
Las medidas desde las diferentes instituciones pretenden abarcar de forma integral la prevención y disminución de las manifestaciones de este fenómeno
Son prioridades actualmente, para el Minsap perfeccionar los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, organizarlos en las escuelas o cercanos a ellas y donde de forma natural se reúnen los adolescentes, así como en horarios en que los adolescentes puedan asistir sin afectar sus actividades docentes.
Además, regular que pueden acceder a estos servicios, sin acompañamiento ni autorización de la familia, para recibir asesoría sobre salud sexual, métodos anticonceptivos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual adecuados, y establecer en las consultas de planificación familiar de los policlínicos el espacio diferenciado para la atención a adolescentes.
En el orden jurídico penal, divulgar resultados de procesos judiciales y artículos sobre las conductas que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad y la responsabilidad de los padres y de la sociedad, de acuerdo con las leyes vigentes, de proteger a adolescentes de delitos que afecten esos derechos.
Desde el Mincult, desarrollar acciones de capacitación y sensibilización entre los cuadros, trabajadores, artistas, promotores, instructores de arte, profesores y estudiantes de la enseñanza artística y garantizar una programación cultural y proyectos socioculturales.
A partir de organizaciones como UJC, OPJM, FEEM y FEU, incorporar en sus estrategias de trabajo los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva y la fecundidad adolescente y convertir a los líderes estudiantiles en promotores de la sexualidad responsable.
Además, participar en conjunto con los trabajadores sociales en la atención a adolescentes en condiciones de vulnerabilidad o riesgo que puedan conducir al embarazo en la adolescencia, así como a las madres adolescentes para orientarles e involucrarles en actividades atractivas que contribuyan a su desarrollo integral.
La FMC y los CDR deberán perfeccionar la labor de prevención y el trabajo social comunitario de manera que contribuyan a la educación y sensibilización de las familias y las niñas y adolescentes, con relación al embarazo en la adolescencia.
Igualmente, incorporar de manera efectiva el activismo voluntario, en conjunto con los trabajadores sociales de las direcciones de Trabajo y Salud, para prevenir el embarazo en la adolescencia.
Al intervenir en el debate, Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), resaltó la importancia del abordaje de este tema en la Asamblea Nacional y el trabajo conjunto con leyes y programas que avalan la protección de la infancia y la juventud.
"Es un paso fundamental que está dando el Gobierno cubano, mediante un plan de medidas ambicioso, pero necesario, por lo que se necesita destinar un presupuesto a ello.
"Estamos trabajando en estos momentos en el diseño de las políticas y los programas que tienen que identificar sus indicadores y cómo vamos a evaluar en su implementación estos indicadores y planificar los presupuestos para ello y así perfeccionar este plan de medidas pero urge socializarlo inmediatamente", dijo.
Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y diputada, dijo que a pesar del abordaje en dicho documento de tal situación como una violación de los derechos sexuales y reproductivos de los menores de edad, sería prudente reconocerla también como una expresión de violencia de género contra las niñas y adolescentes con implicaciones mayores para que la aplicación del marco jurídico tenga la verdadera magnitud con la que se concibió.
Sobre todo, destacó que no se puede perder de vista a los adultos como responsables de esas niñas y las relaciones de poder que ejercen sobre ellas dadas por la diferencia de edad.
Además señaló la cultura jurídica como un elemento crucial para la sociedad en aras de fomentar los deberes y derechos de los ciudadanos y en especial de este grupo etario.